El Gobierno expuso ante el Consejo para la Transparencia el estado en que encontró la provincia

Sin transición, sin los protocolos que atañen a todo cambio de gestión, con bienes públicos desmantelados, con más de 7 mil decretos sin publicar y una deliberada liquidación de recursos. Ese fue el escenario con el que Claudio Poggi comenzó a gobernar el 10 de diciembre, tras muchas acciones que vulneraron el derecho a la información pública de todos los sanluiseños. El informe fue presentado en Buenos Aires por la secretaria Legal y Técnica, Fabiana Zárate.

San Luis participó de la XIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT) que se celebró entre el 25 y el 26 de junio en Buenos Aires con la participación de los representantes de todas las jurisdicciones del país.

En su carácter de representante de la provincia ante el Consejo, la secretaria de Legal y Técnica, Fabiana Zárate, expuso y puso en conocimiento la situación con la que se encontraron al inicio de la actual gestión, el pasado 10 de diciembre de 2023.

“Evitando referirme a los innumerables hechos de desmantelamiento del Estado en lo que hace a sus bienes y a la deliberada liquidación de sus reservas para hacer frente a gastos corrientes generados en forma irresponsable por la gestión saliente, lo que se intensificó a partir del 11 de junio de 2023, día de las elecciones generales para Gobernador, es menester hacer foco en la desaparición total de activos digitales y de toda la información del Estado, con excepción de la Oficina de Registros de Decretos y Proyectos de Leyes, única fuente de información para la nueva gestión. La transición fue inexistente y no se cumplió con el protocolo de continuidad de gestión con la entrega de los informes de cada área, por lo que los inicios fueron extremadamente dificultosos”, comenzó refiriéndose la Secretaria.

Zárate describió además que en ese contexto, en relación a la publicación de los actos de gobierno del Ejecutivo provincial y de los actos de los poderes en general, “pilar fundamental de la transparencia de la gestión y del respeto del derecho al acceso a la información pública, tomamos conocimiento que en el Boletín Oficial y Judicial de la provincia, estaban pendientes de publicación más de 7000 decretos de la gestión saliente (en diciembre se publicaban actos de junio de 2023, lo que suponía que la ciudadanía los conocía por los menos seis o siete meses después de que estos ocurrieran), a lo que se sumaba la imposibilidad de acceder a la información sin el dato de la fecha de publicación de la misma, por lo que era una tarea tediosa y lenta acceder al conocimiento de una norma, cualquiera fuese su alcance, general o particular”.

La funcionaria aseveró que todo esto contrariaba gravemente la exigencia de que los poderes públicos publiquen sus actos administrativos, en tanto obligación constitucional y en razón de que los documentos que aparecen en el Boletín Oficial son tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de dicha publicación, determinando el momento de vigencia en el caso de las leyes promulgadas.

En otra parte de su presentación, Zárate, cuestionó: “¿Y qué son los actos administrativos sino las decisiones que toma el gobierno y las acciones concretas que lleva a cabo? Entonces si no publicamos o publicamos seis meses después, lo que hacemos es privar a la ciudadanía de conocer lo que hacen sus gobernantes, sus representantes, para poder ejercer su derecho a la libertad de expresión en base a la información veraz y también, por qué no, ejercer el control del ejercicio del poder”.

La Secretaría afirmó además que no se garantizaba desde el Estado el derecho de acceso a la información pública ni la transparencia en la gestión pública. “En este sentido, la edición del boletín oficial se hacía a través de la contratación de una imprenta privada y exclusivamente en formato papel, con una tirada de 450 ejemplares, que se distribuían en las principales ciudades y con los que difícilmente es podía llegar a todas las localidades de nuestra provincia”, agregó.

La modernización del Estado, con sistema de expediente electrónico, digitalización de los documentos y firma digital mediante, no había llegado al mayor órgano de difusión de la actividad gubernamental.

El Gobernador de la provincia, a partir del dictado del Decreto 150/2023, dispuso la creación del Boletín Oficial digital a partir del 1º de enero de 2024, a fin de garantizar el acceso a la información pública y federalizar su alcance. El proyecto se planteó en cuatro etapas a corto plazo: la edición digital, la reducción de las publicaciones pendientes, la implementación de un buscador básico y de un buscador avanzado de publicaciones vinculadas a un sistema integrado normativo.

El derecho de acceso a la información es parte constitutiva del derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. La CSJN, siguiendo la línea de Kimer (fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus reciente fallo ‘Masci’) considera que el derecho a la libertad de expresión goza de un lugar preminente en el marco de nuestras libertades constitucionales, entre otras razones por su importancia para el funcionamiento de la república democrática.

El derecho de acceso a la información es un derecho humano y constituye una de las principales herramientas para el control de la actividad estatal por parte de la ciudadanía.

“Hemos dado un primer paso, gracias a la existencia de voluntad en tal sentido, esto es la voluntad política irreductible de trabajar, como Estado democrático, en la publicidad de los actos de Gobierno en el tiempo en que los mismos se producen, razones que hacen a una mejor calidad de la democracia y a fortalecer un pilar del sistema republicano”, enfatizó la titular de la cartera Legal y Técnica.

Zárate reconoció que tienen un gran trabajo por delante, teniendo en cuenta que “el 90% de los documentos publicados desde 1925 hasta aquí se encuentran en formato papel, afortunadamente bien conservados en un archivo del propio Boletín, excepto los dos primeros que se encuentran en el Archivo Histórico, pero estamos convencidos de que uno de los ejes de la gestión del gobernador Claudio Poggi es fortalecer la institucionalidad y debe verse reflejada en nuestro trabajo por el acceso a la información pública, lo que redundará en la mejora de los indicadores en tal sentido”.

Por último, indicó que se encuentran “abiertos a las sugerencias y sujetos a las críticas que nos hagan, venimos a escuchar y hacer los cambios que sean necesarios para fortalecer este aspecto tan importante en nuestra provincia, con el objetivo puesto en garantizar el acceso a la información pública. Sabemos que es imprescindible implementar políticas que obliguen a las autoridades y funcionarios públicos de los tres poderes a brindar explicaciones sobre su gestión y mandato. La publicación en el boletín oficial es la primera forma de hacerlo. Entendemos que fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil es imprescindible para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente”.