Diputados dio media sanción a la suspensión de la desfederalización del narcomenudeo

El proyecto había sido enviado por el Ejecutivo a la Legislatura como parte de las medidas del gobernador Claudio Poggi para combatir la inseguridad y la droga en la provincia. La propuesta ahora pasará al Senado.

Este miércoles, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto que propone suspender por un año la Ley N°1081 de desfederalización parcial en materia de estupefacientes. Esta ley, que fue aprobada por la gestión de Alberto Rodríguez Saá, permite que los delitos menores relacionados con el narcotráfico sean investigados y juzgados por la justicia provincial en lugar de la federal.

La norma, a la que San Luis adhirió en septiembre de 2022, habilita que infracciones como la venta, entrega, suministro y distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas al consumidor final sean investigadas directamente por la Justicia de San Luis. Sin embargo, en la provincia nunca se trabajó en un protocolo de actuación ni se implementó efectivamente.

El proyecto de suspensión, que fue enviado a la Legislatura por el Ejecutivo, forma parte del paquete de medidas que anunció el gobernador Claudio Poggi en su discurso el 1° de abril para luchar contra la inseguridad y la droga en San Luis. Entre los principales fundamentos señala que las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestran que en otras provincias donde está en vigencia esta ley, como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta, no se han logrado resultados positivos.

La falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes, limitando las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin afectar significativamente el tráfico de drogas a gran escala.

Este fenómeno es especialmente preocupante en un contexto en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha identificado a la Argentina como uno de los países que integran “las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína” hacia todo el mundo. Además, las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) colocan a nuestro país, junto con España, como los de mayor consumo de esta droga a escala global.