Una venta fallida, un Estado cómplice y los vivos de siempre

La gestión actual recuperó un campo de 1.997 hectáreas, vecino al Pueblo Ranquel, que se había vendido en 2009 y por el que el comprador apenas pagó cinco de las 48 cuotas pactadas. Desde 2022 estaba en condiciones de volver a la Provincia, sin embargo la administración de Rodríguez Saá nunca hizo nada para concretarlo. Mientras tanto, siguieron los negocios de los privados.

Amanece en el sur de San Luis y sobre la ruta 27 la niebla se mantiene firme. Se nota que en un rato el sol va a ganar la batalla, pero mientras tanto hay que aminorar la marcha mucho antes de llegar al kilómetro 144, donde hay un campo vecino al Pueblo Ranquel que es el objetivo del viaje.

Un equipo de la ANSL acompaña a Ricardo Bazla, el secretario de Ética Pública y Control de Gestión a recuperar patrimonio de la Provincia que algunos vivos amparados en un poder que se les esfumó el 10 de diciembre pasado, como pasó antes en las tierras de la comunidad originaria, quieren usufructuar en provecho propio. En el destino espera Darío Oviedo, a quien lo unen ambas historias porque quedó como interventor del Pueblo Ranquel y está ahora en su función de director de Ética y Legalidad.

Se trata de un campo de 1.997 hectáreas que el Gobierno que estaba en 2009 le vendió a un particular, Daniel Lucero, quien había presentado un proyecto de inversión enmarcado en el plan Pioneros Siglo XXI. Se pactaron por entonces 48 cuotas y la promesa de instalar un centro de trasplante de embriones equinos, una técnica muy usada para mejorar la genética de los caballos de polo.

El centro, bajo el nombre de El Caburé, abrió años después, pero Lucero apenas pagó cinco de las 48 cuotas, por lo que el campo nunca fue suyo. Poco le importó, porque siguió haciendo negocios particulares con los caballos, e incluso hay un sembradío de maíz en el camino de ingreso, mientras San Luis no recibió un peso más. Incluso hay sospechas, que Bazla ya está investigando, que volvió a vender el campo o subalquiló una parte, acciones poco claras que seguramente terminarán en la Justicia.

En la entrada al campo hay una tranquera de madera pintada con un color negro que ya denota el paso del tiempo, junto a un cartel que indica que llegamos a El Caburé. Hay una cadena cruzada con un candado, pero en realidad está abierto. Ingresamos junto con dos móviles de la Policía y una escribana del Gobierno, que llegó para certificar la recuperación del inmueble.

La primera construcción que se divisa es la que contenía los laboratorios para manipular embriones. Una construcción de chapa que luce los vidrios rotos y un abandono importante. Quedan unas caballerizas vacías, algunas monturas y riendas tiradas y mucha mugre.

Un poco más allá están las casas. Tres bien diferenciadas, en las que es fácil adivinar quién vive. La primera, con sillones, una TV enorme y detalles de lujo, es la que usa Lucero cuando viene de Buenos Aires al sur de San Luis. La segunda es la de huéspedes, bien equipada, y la tercera es la única habitada. Un espacio enorme, con una cocina sucia, una alacena casi vacía, una salamandra prendida y una mesa desnuda.

Allí nos recibe Fabio, quien se presenta como el cuidador de los caballos. No muestra mucha sorpresa por la visita de los funcionarios, como si sospechara que esto alguna vez iba a pasar. Cuenta que lo trajo el patrón (Lucero) hace dos meses desde Buenos Aires, que se encarga de los animales y que no sabe nada más.

Observa los decretos que le muestran Bazla y Oviedo, no presta atención y ofrece llamar a Lucero. Cuando se comunica, le anticipa lo que pasó y pasa el teléfono a Oviedo, quien le informa que el campo ya volvió a ser parte del patrimonio provincial. Lucero asegura que viajará a San Luis durante el fin de semana y que se comunicará con su abogado. En su único gesto de humanidad, pide que dejen a su empleado seguir allí hasta el lunes, un plazo que le fue concedido.

Se observan unos nueve o 10 caballos desperdigados, aunque Fabio asegura que hay cerca de 200 por todo el campo. Los lotes de maíz languidecen sin pena ni gloria, faltos de agua y prometiendo rindes bajísimos, aunque queda claro que nadie se encargó de ellos durante el verano.

La comitiva cumple los pasos legales, informa que el campo ya no le pertenece a Lucero y emprende el camino de salida por el guadal arenoso. En la tranquera deja un cartel que certifica que es un inmueble recuperado por la Provincia, que vuelve a ser de todos los sanluiseños. Ahora lo manejará el ministerio de Desarrollo Productivo, como debe ser.

Quedan flotando preguntas con respuestas adivinables, aunque todavía en estado subyacente. El Estado inició el proceso de recuperación de esas tierras en 2017 con un decreto de recisión de contrato y en 2022, luego de sortear todas las apelaciones de Lucero, dictó otro por el que definitivamente recuperó el campo. Sin embargo, los privados que incumplieron con todo, lo siguieron explotando como si nada, sin que la administración anterior a cargo de Alberto Rodríguez Saá moviera un dedo para desalojarlos.

La justicia llegó ahora y de manera concreta. Las 1.997 hectáreas vuelven a ser del Estado provincial. Quedará el largo camino de las acciones penales y civiles para que los responsables paguen por lo que aprovecharon por fuera de la ley y perjudicando a toda la sociedad.