El Gobierno solicita acabar con la Ley de Parajes

La había sancionado la gestión anterior para otorgar una especie de libertad anticipada a ciertos detenidos para que puedan desarrollar proyectos productivos en el interior de San Luis. Choca de manera flagrante con la normativa nacional y deja desdibujada la figura del juez de ejecución penal.

Entre los proyectos que envió el gobernador Claudio Poggi a la Legislatura se encuentra el pedido de derogación de la polémica Ley de Parajes, una herramienta judicial que decidió la gestión anterior que parece hecha a medida de algún que otro exfuncionario con posibilidades concretas de terminar en la cárcel por hechos de corrupción.

El Gobierno provincial la considera contraria a la Constitución Nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar, en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”, reflexionó el Primer mandatario cuando dio su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del máximo órgano legislativo.

Poggi, al aludir a la inconstitucionalidad, apunta a que es una norma que intenta crear una modalidad de cumplimiento de la pena privativa de la libertad no contemplada en la legislación nacional. La Ley de Parajes, en síntesis, se arroga competencias que son propias del gobierno federal, por tratarse del derecho penal de fondo.

De persistir en su vigencia, los jueces tendrían ‘las manos atadas’, ya que es una ley que permite liberar a delincuentes condenados de manera anticipada y sin el debido control judicial. Ante una situación tan flagrante en la que choca la legislación nacional con la provincial, el Gobernador decidió pedir su abolición inmediata en su proyecto de ley.