Proponen suspender por un año la ley de desfederalización parcial en materia de estupefacientes

El gobernador Claudio Poggi lo había anunciado ante la Legislatura. Es una ley aprobada por la gestión anterior que está comprobado, según las estadísticas, que las provincias que la tienen en vigencia no lograron resultados positivos.

Entre los decretos que firmó el gobernador Claudio Poggi para enviar ocho proyectos de ley a la Legislatura provincial, hay uno denominado ‘Suspensión de la vigencia de la Ley N° V-1081-2022 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes”.

Según el texto que deberán tratar diputados y senadores, lo que busca el Ejecutivo es suspender por un año la Ley N°1081, a la que San Luis adhirió en 2022, para que parte de los delitos de lucha contra el narcotráfico sean investigados por la Justicia provincial.

Se trata de aquellas infracciones a la ley de estupefacientes en los casos en los que se “comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”, según el texto de la norma que entró en vigencia el 1° de enero del año pasado por una decisión de la administración anterior.

En realidad, en San Luis nunca se aplicó, por lo que no tuvo efectos prácticos. El Gobernador apunta a su suspensión porque las estadísticas señalan que en las provincias que sí la han implementado, los resultados no han sido favorables por una falta de coordinación en las pesquisas, que no permitió sancionar a los grandes narcotraficantes.

Hasta la fecha, se han dictado normativas de adhesión al sistema de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, en las provincias de Buenos Aires (2005), Córdoba (2012), Salta (2014), Formosa (2015), Chaco (2016), Entre Ríos (2018), Santiago del Estero (2018) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2019).

Las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestran que en varias de estas provincias aumentaron las causas por tenencia para consumo o tenencia simple y la comercialización en pequeñas dosis, a la vez que disminuyeron notablemente las causas federales por narcotráfico, que son aquellas que exceden al menudeo, por lo que quedan sin castigo los verdaderos causantes de este flagelo.

La situación es especialmente grave porque la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubicó a la Argentina como uno de los países que integran “las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína” hacia todo el mundo. Además, las estadísticas de la ONU colocan a Argentina, junto a España, como los países de mayor consumo de esta droga a escala global.

Fue uno de los anuncios que hizo Poggi durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias y ahora lo lleva a la práctica.