El Gobernador envió una batería de proyectos de ley a la Legislatura Provincial

Este viernes, el Primer mandatario firmó los proyectos de ley. Los temas que abordan son la extinción de dominio, la desfederalización parcial de las causas por narcotráfico,  el retorno de la provincia al Consejo Federal de Inversiones (CFI), la venta de la Casa de San Luis, la Ley de Parajes, la feria judicial, el Sistema Electoral vigente y la reforma de la Constitución provincial. 

Las leyes cumplen un rol central en las transformaciones sociales, ya sea para darle forma a nuevas realidades o para marcar nuevas reglas de juego en diversos ámbitos. Para respaldar jurídicamente cambios y políticas que quiere desarrollar durante su gestión, el gobernador Claudio Poggi firmó este viernes los proyectos de ley que presentará en la Legislatura provincial, tal como había anticipado en la 148° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura. 

Uno es el proyecto de ley de Adhesión al decreto de necesidad y urgencia 62/19 del Poder Ejecutivo de la Nación ‘Régimen Procesal de Acción Civil de la Extinción de Dominio’, que apunta a la recuperación de bienes provenientes de delitos. Aplica para ilícitos de criminalidad organizada, por ejemplo, las acciones contra la administración pública (corrupción).

Otro es el proyecto de ley para la ‘Creación de la Comisión de Análisis del Sistema Electoral Vigente en la Provincia de San Luis y Protocolo de Traspaso de Mando’. Las últimas elecciones realizadas en la provincia, en 2023, se hicieron bajo la Ley de Lemas, que ha encontrado reparos y críticas en muchos sectores. Por otro lado, el Gobernador ha referido en múltiples ocasiones que no hubo una transición entre la gestión anterior y la actual, con todo el perjuicio que eso implica en la administración de los recursos públicos, en el control de gestión y en la definición de las políticas que las autoridades entrantes pueden realizar, en base a aquello que tienen disponible. 

También firmó el decreto del proyecto ‘Suspensión de la vigencia de la Ley N° V-1081-2022 de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes”. Según el texto que se llevará a la Legislatura, la idea es suspender por un año la Ley N°1081, a la que San Luis adhirió en 2022, para que parte de los delitos de lucha contra el narcotráfico sean investigados por la Justicia provincial. En realidad, en San Luis nunca se aplicó, y el Gobernador apunta a su suspensión porque las estadísticas señalan que en las provincias que sí la han implementado, los resultados no han sido favorables por una falta de coordinación en las pesquisas, que no permitió sancionar a los grandes narcotraficantes.

Otro de los proyectos es el de ‘Creación de la Comisión de Análisis y Conveniencia de una Reforma de la Constitución Provincial’. 

El proyecto de ‘Reincorporación de la Provincia en el Consejo Federal de Inversiones (CFI)’ está en sintonía con la política que la actual gestión lleva adelante en materia de desarrollo productivo, para impulsar el crecimiento y la consolidación del sector privado. San Luis es la única provincia que no forma parte del CFI. 

La voluntad de vender el edificio de la Casa de San Luis, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue expresada por el Gobernador el 1° de abril. Con ese dinero, dijo Poggi, podrán encararse todos los gastos de reacondicionamiento del Policlínico Regional ‘Juan Domingo Perón’ de Villa Mercedes, que la actual gestión encontró en pésimas condiciones. Para concretar esos arreglos, considerados urgentes y prioritarios, se presentará un proyecto de autorización de venta. 

Los otros dos proyectos enviados son, por un lado la eliminación de la feria judicial y por otro la derogación de la Ley de Parajes. La última disposición es considerada contraria a la Constitución Nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar, en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”, explicó el Primer mandatario en la Legislatura. 

Al respecto de la feria judicial, consideró que es un “privilegio del Estado”. “El derecho de acceso a justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización del Poder Judicial por un mes y medio”, afirmó. Para el Gobernador, ese lapso tan prolongado de suspensión de los plazos procesales afecta de modo directo la eficiencia del servicio.