La discapacidad logró una visibilidad que no tenía hasta diciembre

El gobernador, Claudio Poggi, escuchó de primera mano de parte de representantes de unas 50 organizaciones los problemas que atraviesan para atender una demanda creciente, entre los que están los bajos aranceles que pagan las obras sociales, las dificultades para conseguir transporte y la falta de acompañantes terapéuticos en los colegios.

La primera reacción de padres, docentes y directivos de entidades dedicadas a atender la discapacidad fue de sorpresa. Hacía mucho que un gobernador no se sentaba mano a mano con ellos, a escucharlos sin interrumpir, anotando prolijamente cada pedido, cada queja, cada ruego. Porque no se trata de simples profesionales dedicados a una tarea enorme como es la de tratar de mejorarles la calidad de vida a chicos y grandes con problemas que van del autismo al retraso madurativo, de la discapacidad motora a los problemas mentales profundos. Son padres angustiados, maestros que se entregan en cuerpo y alma, directivos que hacen malabares porque la plata no alcanza y entonces no saben si van a poder comenzar el año con los centros de día abiertos.

Entonces, Claudio Poggi, conocedor de todo lo que rodea la discapacidad, al punto que fue en 2012, cuando tuvo su primera oportunidad de dirigir los destinos de San Luis, el creador del Consejo Provincial de Discapacidad, un ente fundamental que la gestión que dejó el poder en diciembre fue desinflando hasta dejarla morir. Ahora el Primer mandatario se mostró decidido a reflotarla “con la ayuda de todos ustedes”, le dijo al nutrido auditorio que llenó el Salón Blanco, deseoso de contarle sus pesares y sus alegrías con una cercanía que no conocían, ni imaginaban.

Entonces el desfile de personas que tomó el micrófono y tuvo sus tres minutos estipulados se acercó a las 50. Y pasó María Belén Concia, del Ceatri, una kinesióloga que pintó el panorama desolador del interior provincial. “No hay profesionales y es muy caro para esas familias venir a tratarlos a la capital. Tenemos que derivarlos a tiempo y que Dosep tenga un código de estimulación temprana”, pidió. Las quejas por la atención de la obra social estatal, inflada de manera irresponsable por el gobierno anterior al triplicar el tamaño del Estado, se iban a repetir durante la tarde.

Pamela Guardia, del Centro Integral Terapéutico, alertó sobre “prestar atención a los procesos de integración educativa, porque hay profesionales sin formación pedagógica. Y no se abren cargos de profesores de educación especial, además de que los sueldos de los acompañantes terapéuticos son insuficientes”. A su turno, la representante de la Fundación Pappo Balagué, donde están armando una ludoteca, pidió apoyo del Estado, “pero no traducido en plata, sino en capacitaciones. Nosotros si contáramos con beneficiarios del Plan de Inclusión podríamos crecer de manera instantánea”, dijo.

Como estas profesionales, muchas además mamás de chicos y grande con discapacidad, fueron muchas las que contaron sus historias de luchas, fracasos y satisfacciones. Hablaron de que la inclusión educativa se debe trasladar al secundario; del desfasaje en los pagos de las obras sociales, lo que hace deficitaria la atención debido a la inflación que no da respiro; el bajísimo arancel que autorizan esas obras sociales para el transporte; del bullying que tiene a San Luis como una de las provincias donde el flagelo pega duro; de la accesibilidad que va más allá de una rampa y debería incluir la capacitación docente; de que salud y discapacidad deben ir de la mano, por ejemplo, en materia de psicopedagogía, una especialidad que se asocia más a la educación.

Así pasaron las tres horas de confesiones, pedidos y agradecimientos, que luego pasarán a las oficinas correspondientes para que la burocracia vaya retrocediendo a manos de políticas públicas de corto y largo plazo para que la discapacidad, que en San Luis tiene rango ministerial, lo que es toda una rareza, tenga la contención que quienes la sufren merecen.