BALANCE 2016
La fiscalización ambiental como base del crecimiento provincial
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción se fiscalizaron cerca de 650 establecimientos a lo largo del año. La premisa es clara: el respeto por el entorno natural es transversal a todas las actividades productivas.
Con una visión estratégica que pone el acento en el cuidado del planeta para las futuras generaciones, el Gobierno de San Luis decidió entrelazar en un mismo Ministerio a tres áreas que anteriormente estaban separadas: el medio ambiente, el campo y la producción. Bajo este principio, todas las actividades productivas que se desarrollan en el territorio provincial deben respetar el entorno natural puntano.
Durante el 2016, a través del Programa Gestión y Fiscalización Ambiental, Industrial y Minero, la cartera ministerial concretó 655 inspecciones a lo largo y ancho de todo el territorio sanluiseño.
Las visitas se realizaron a establecimientos mineros, industrias, basurales municipales, loteos, feedlots, frigoríficos, comercios que generan o puedan generar residuos peligrosos (por ejemplo: lubricentros, veterinarias, imprentas) en pos de verificar que las actividades se desarrollan en cumplimiento con la normativa ambiental vigente.
Controlar cómo las empresas gestionan internamente y disponen sus residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y que lo hagan dentro de lo que establece la ley es básico para prevenir la contaminación ambiental. Los establecimientos que generan, transportan u operan residuos peligrosos y/o domésticos forman parte de un registro del Programa, que actualmente cuenta con 552 inscriptos habilitados para efectuar dichas actividades. Si no se encuentra inscripto y realiza alguna de estas acciones, se incurre en lo ilegal y es susceptible de sanción.
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental fue un eje estratégico desarrollado en esta gestión, ya que se trata de una herramienta de prevención que se aplica antes de iniciar proyectos productivos o de servicios para reformular y corregir situaciones que pongan el riesgo el ambiente. Loteos y urbanizaciones, usos del suelo para cría intensiva de ganado y establecimientos que tratan sus efluentes líquidos dentro del mismo predio son los tipos de proyectos que han requerido análisis más exhaustivos por parte de la autoridad de aplicación.
En 2016 también se trabajó en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales municipales: se inició el relevamiento sistemático para diagnosticar el estado de los equipos, instalaciones y funcionamiento de todas las plantas que operan en la provincia. Estas acciones, que se enmarcan en el Consejo Provincial de Medio Ambiente (COPROMA), continuarán el año próximo, ya que son 50 plantas en operación para las cuales se requiere conocer si funcionan correctamente o requieren mejoras.
El complemento de la parte industrial
Este año se incorporó la fiscalización en establecimientos industriales, agroindustriales y mineros: este relevamiento de información permite contar con datos actualizados en lo que refiere al personal con el que cuenta la firma como así también su capacidad productiva. En esta dirección, se obtiene un panorama de cómo está la industria a nivel provincial, para dirigir las acciones hacia aquellas que se encuentren con su capacidad de producción disminuida.
“Al inicio de la gestión no contábamos con una base de datos ni un relevamiento industrial, pero sí había un registro ambiental. Entonces empezamos a realizar un cruce de datos y relevar la información industrial este año. Sobre ella, y con una prioridad medioambiental, la idea es fiscalizar el año entrante todos los establecimientos de la provincia”, aseguró la jefa del Programa Gestión y Fiscalización Ambiental, Industrial y Minero, Eliana Giorda.
Nota y foto: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.
Corrección: Alejandro Andrada.
