La Justicia hizo lugar al reclamo del Gobierno de San Luis para frenar el tarifazo

Así lo anunciaron el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, este miércoles en una conferencia de prensa realizada en Terrazas del Portezuelo. En la ocasión informaron que el dictamen del Juzgado establece que los usuarios del servicio no deberán pagar más del 70% de aumento con respecto a la boleta del mes anterior, mientras que los que ya hayan abonado la factura, deberán reclamar la diferencia entre el monto resultante del 70% de incremento y el total erogado.

El gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, anunciaron que la Justicia suspendió el aumento en las tarifas de gas.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende, informó que el lunes se reunió, junto con el jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, con el primer mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, donde analizaron los reclamos y las boletas de gas de varios ciudadanos de la provincia, y confirmaron que en algunos casos, el aumento llegaba hasta el 2.000%. Al revisar esa situación, el gobernador les pidió a los funcionarios que presentarán una acción judicial contra la medida del aumento tarifario nacional del gas natural.

“Hoy tenemos la buena noticia que, hace poco menos de una hora, el Juzgado Federal de San Luis ha sacado una medida cautelar en los términos que se peticionó, y ha ordenado suspender la aplicación de las resoluciones de la Secretaría de Energía y de la ENARGAS que dispusieron estos aumentos para la totalidad de los usuarios de la provincia, sin importar si son consumidores domiciliarios, empresas, hoteles; la totalidad de las personas físicas o empresas jurídicas que usen gas, no tendrán que soportar este aumento”, anunció el fiscal de Estado.

Asimismo, Allende expresó que el Juzgado también dispuso que aquellos usuarios que recibieron las facturas deben dejarlas sin efecto, debido a que la orden judicial exige que se refacture la totalidad de las boletas del servicio de gas natural, con el precio anterior al incremento, al que se puede aumentar hasta un 70%, como máximo.

“Es una medida que creemos que es ajustada, de hecho está dentro de las medidas que esperábamos de la resolución judicial. Ustedes fíjense que el Gobierno nacional ha hecho marcha atrás con las provincias de la Patagonia, pero poniendo un límite del 400% de aumento, con lo cual la medida para nosotros es muy importante, ya está vigente, ya estamos haciendo las comunicaciones formales a las empresas de gas para que procedan a lo que ha determinado el Juzgado Federal de San Luis. Con esto queremos llevar tranquilidad a todas las personas de la provincia”, manifestó el fiscal de Estado.

Posteriormente tomó la palabra el primer mandatario provincial, quien explicó que en una reunión con todos los gobernadores, a la que asistió la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur -en su representación-, se planteó que “los problemas de San Luis no son sólo las tarifas, sino también la actitud descomedida que tiene ECOGAS y ENARGAS con la provincia”.

“Cuando parecía que la solución iba a venir para todos, la declaración del ministro del Interior fue un principio de solución sólo para las provincias de la Patagonia, lo cual volvió a caldear los ánimos, lo que hizo que se llamara a una nueva reunión que se realizará mañana”, mencionó Alberto Rodríguez Saá, y agregó: “El Gobierno nacional nos plantea una política de ‘buenos vecinos’, donde a nosotros nos adjudican el rol de ‘buenos’ y ellos son los ‘vecinos’”.

El mandatario luego leyó uno de los apartados de la sentencia del Juzgado Federal de San Luis: “No parece razonable que dichos aumentos puedan importar incrementos que lleguen al 1.000% de progresividad. Por lo que en tal contexto se impone buscar una limitación al proceder arbitrario, ilegítimo y exorbitante que se denuncia con la demanda”.

El jefe de Estado también informó que no se apelará la orden judicial, y que este jueves en la reunión de gobernadores, a la que asistirá la ministra de Hacienda Pública y el fiscal de Estado -en representación del primer mandatario provincial-, se presentará esta medida cautelar dada por el Juzgado Federal.

“Los usuarios no tienen que pagar la factura exagerada; el que la pagó tiene que reclamar la devolución de la diferencia entre el monto resultante del 70% de incremento y el total erogado, y no le pueden cortar el gas”, concluyó el gobernador.

La medida cautelar dictada por la Justicia Federal.

Otros problemas

“Hemos perdido cuatro años en el tema gas”, expresó el primer mandatario provincial cuando comenzó a explicar tres problemas que se viven actualmente en el territorio provincial.

El primero de los casos sucede en la red de gas entre Merlo y La Punilla. “Allí se realizó una incorrecta construcción del línea de alta tensión o del gasoducto, porque se han hecho a una distancia con la cual no dan las exigencias técnicas de seguridad. Entonces, hay que hacer una obra en la que hay que mitigar siete kilómetros. Esta acción la hará la obra que hizo la línea de energía”, afirmó Rodríguez Saá, y agregó: “Esto es heredado del Gobierno anterior y lo estamos solucionando. En horas vamos a tener la firma de la empresa que se equivocó, que hizo las cosas mal o que no se sometió a los controles, haciendo la obra sin costo para la provincia”.

El segundo problema es referido al gasoducto que va desde El Volcán a El Trapiche. “La Provincia se hizo cargo de toda la construcción de la red domiciliaria y tras terminar todo, ECOGAS nos dijo que estaba mal hecha y el gas llegaba hasta cierto punto. Por lo tanto, ENARGAS se lava las manos, no distribuye el gas, cuando a las obras de energía las tienen que hacer la Nación, ENARGAS o ECOGAS. Les vamos a reclamar la gestión del negocio”, expresó el jefe de Estado.

La tercera cuestión está relacionada con una obra nacional de gas en Zanjitas que, según indicó Rodríguez Saá, “sigue porque es de nivel nacional y a nosotros nos usan como servidumbre de paso. Entonces, vamos a demandar a la Nación para que pague esa servidumbre, de paso, que nos debe”, concluyó el gobernador.