GOBIERNO PROVINCIAL-MUNICIPIOS
Reactivación de la obra pública y generación de puestos de trabajo para puntanos
Esta semana se comenzaron a firmar los convenios entre el Gobierno provincial y los municipios, que expresan la voluntad de proyectar y ejecutar obras públicas en conjunto, a realizarse con el 15% del dinero de la coparticipación federal del juicio iniciado a la Nación, y que se llevarán adelante durante este año en diferentes ciudades y localidades de nuestra provincia.
Este miércoles inició la agenda de firmas y se extenderá por varios días más. Esta rúbrica de los convenios es necesaria para habilitar al Estado provincial que, en total adhesión con los municipios, desarrollará en las ciudades y localidades de la provincia diferentes obras con el dinero correspondiente al 15 % de coparticipación federal que, por el juicio iniciado por el actual gobernador y tras el fallo de la Corte Suprema, comenzarán a percibir las comunas.
El listado de municipios firmantes lo encabezaron los intendentes comisionados y jefes comunales de Balde, Alto Pencoso, Alto Pelado, Beazley, Desaguadero, Huarpes, Zanjitas, San Jerónimo, Villa de la Quebrada, La Calera, Naschel, Cortaderas, San Pablo, Papagayos, Villa Larca, Villa del Carmen, Renca, Justo Daract y La Toma, quienes firmaron este miércoles los convenios macros que expresan la voluntad de adherirse a la propuesta de proyección y ejecución de obras públicas conjuntas.
El foco propuesto en las reuniones es iniciar con obras de asfalto, con la intención de conectar las zonas periféricas con el centro de cada pueblo, evitando así los altos costos actuales de mantenimiento permanente y brindando calidad de vida a los pueblos puntanos, siempre pensando desde la periferia hacia el centro.
Como parte del acuerdo de coparticipación, cada comuna presentará las prioridades de obra que requieran en ese momento y, después de conseguir el aval del Ejecutivo provincial, recibirán los fondos que transformarán en obras que generarán puestos de trabajo para los habitantes de esa zona.
Fallo de la Corte Suprema: Un objetivo logrado para San Luis
A partir del decreto de Necesidad y Urgencia N° 2635/2015, tras el juicio que llevó adelante la gestión de Alberto Rodríguez Saá contra Nación durante el 2004, el Estado nacional comenzó a abonar el 15% de los fondos coparticipables que le retenía a San Luis. Se trata de las retenciones declaradas inconstitucionales por un fallo de la Corte Suprema.
Así, el Poder Ejecutivo dispuso el cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables a la totalidad de las jurisdicciones provinciales.
El decreto de Necesidad determinó que, en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se revea la cláusula primera del acuerdo entre el Gobierno nacional y sus pares provinciales. A partir de ello, hubo un radical cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cesó en la retención de la cuenta recaudadora del impuesto de la ley 23.349 a la totalidad de las jurisdicciones, del porcentual resultante de la aplicación del decreto 1399/01. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley 26.078 y de los artículos 1°, inciso “A” y 4° del decreto 1399/01.
Nota y fotos: Prensa Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.
Contenidista: Pablo Lucero.
