Entre Ríos: Marcha atrás con el aumento salarial a la policía

Distintos medios nacionales dan cobertura hoy a la situación planteada en Entre Ríos en relación al aumento salarial a la fuerza de seguridad provincial. Medios como Clarín, publican que no se otorgará el incremento. A continuación  se reproduce la nota publicada por Clarín:

El gobierno provincial dice que no es válido porque fue extorsivo. volverían las protestas.

Insurrección. Extorsión. Marcha atrás con el aumento salarial. Complicidad entre sediciosos y saqueadores. Juicio oral y público a los autoacuartelados y cargos por sedición a los cabecillas. Líneas que resumen el panorama actual de las protestas policiales en Entre Ríos, desde el punto de vista del Gobierno. En tanto, desconfianza, disconformidad y anuncio de nuevos reclamos sintetizan la postura de los policías autoconvocados en las distintas departamentales.

Una vez finalizada la feria judicial de verano, entre 60 y 70 uniformados serán acusados penalmente por el procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García. Ello, al margen de las imputaciones que ya están realizando los fiscales de Concordia a numerosos civiles cuyos domicilios fueron allanados y a los que se les puede probar actos de saqueo.

En el caso de los policías, hay toda una gradación de delitos por los que serán acusados, desde sedición hasta privación ilegítima de la libertad, lesiones graves y daños (todo ello, “calificado”). Hay, además, 12 integrantes de la fuerza a los que también se les allanaron los domicilios y serán acusados de sustracción de bienes de uso público e instigación a robos calificados. Si bien el procurador García habla de 60 o 70, Clarín está en condiciones de asegurar que la lista oficial de autoacuartelados denunciados en Concordia supera los 100, cuyas identidades fueron verificadas por testigos oculares o mediante filmaciones y fotografías tomadas los días 8 y 9 de diciembre. La línea del gobierno es ésta: el acuerdo que firmó el gobernador Sergio Urribarri la noche del 9 de diciembre en Concordia no es válido. Porque habría arrancado mediante extorsión (tanto por negociadores policiales con el arma en la cintura sentados a su lado, como por la situación de caos y violencia que habría obligado a Urribarri a aceptar las condiciones impuestas).

Por otro lado, y casi como un espejo de lo que sucede en Chaco, el análisis contable de las arcas provinciales indica que sí es factible abonar el aumento pautado ($3.700 como retroactivo en noviembre y en diciembre, y 8.440 como inicial de bolsillo para el cargo más bajo del escalafón a partir de enero). Pero no podrían afrontar otros aumentos que, como efecto cascada, reclamarían luego otras reparticiones estatales.

Ayer, todos los jefes departamentales de la provincia fueron informados en Paraná por el titular provincial de la fuerza, Héctor Massuh, y el Ministro de Gobierno, Adán Bahl, sobre las nuevas condiciones: adicional de $2.000 en negro en enero y febrero a quienes revisten el código 181 de riesgo y seguridad (personal de calle y subalternos) y $1.600 a quienes realizan tareas en oficinas. Luego, un aumento a partir de marzo, que todavía debe ser negociado.

Los anuncios revolvieron el avispero. Encima, en Concordia, uno de los cabecillas del autoacuartelamiento recibió una amenaza. “García no puede anular un acuerdo firmado por el gobernador –dijo a Clarín el sargento Horacio José Argainz, vocero de los autoconvocados-. A la negociación salarial debemos hacerla nosotros, no los jefes. No confiamos en ellos. El sábado tendremos otra protesta sin abandono del servicio”.

Fuente: Diario Clarín