Alejandro Cordido: “Destacamos el compromiso del Municipio para trabajar en una agenda común junto a la Provincia, en la promoción y protección de los derechos humanos”

Funcionarias y funcionarios del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y de la Red de Contención a las Víctimas de Violencias provincial se reunieron con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Villa Mercedes a los fines de avanzar en el abordaje de las problemáticas de las violencias.

En tal sentido asumieron compromisos recíprocos para articular esfuerzos y optimizar los recursos de ambos estados. La semana próxima volverán a reunirse para formalizar los acuerdos arribados, en un convenio que garantice la mutua colaboración y la sostenibilidad de las relaciones institucionales.

Participaron del encuentro, el jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, Alejandro Cordido; la representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nadia Agúndez, ambos integrantes del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto. También, estuvieron presentes Sebastián Chiesa y Yamila Bustos, miembros del Comité Ejecutivo de la Red de Contención a las Víctimas de Violencias (órgano que nuclea a todos los ministerios y secretarías de estado del Poder Ejecutivo provincial).

Al cabo de la reunión, Cordido señaló: “Agradecemos la recepción de la secretaria Grisel Polachi y destacamos el compromiso del Municipio para trabajar en una agenda común con la Provincia de promoción y protección de los derechos humanos. En esta instancia avanzamos en una agenda común tendiente a lograr una articulación institucional, en base a las experiencias obtenidas, para optimizar los distintos recursos estatales de cara a la sociedad”.

“La consigna es garantizar la accesibilidad a los derechos mediante los servicios públicos. La construcción de una sociedad más libre y equitativa requiere de un trabajo cotidiano y sostenido, a cuyos efectos resulta indispensable el involucramiento y participación de la comunidad”, continuó el funcionario.

“Toda persona que sea víctima de un hecho de violencia, constituya o no delito, merece la protección y contención de la comunidad y es un deber de los Estados velar por la restitución de sus derechos vulnerados”, completó el jefe del Programa Derechos y Garantías Constitucionales.