La costumbre de posponer el cumplimiento

La Nación se niega a cumplir los fallos de la CSJN de manera inmediata. Su estrategia judicial siempre tiende a hacer que pase el tiempo. Especulan con la inflación, que licúa las deudas.

El Gobierno nacional está tomando medidas apresuradas e inconstitucionales. Ya tuvo antecedentes en el inicio de su gestión cuando intentó incorporar dos ministros a la Corte Suprema de Justicia por decreto, obviando todo el procedimiento legal.

Lo que ocupa las noticias. El Ejecutivo nacional por decreto decidió legislar sobre temas impositivos que violaban el sistema federal de coparticipación. Quince provincias reclamaron por sus derechos ante la Corte, San Luis fue una de ellas. El máximo tribunal hizo lugar a la medida cautelar solicitada y les dio la razón. Condenó al gobierno de Macri a compensar a las provincias reclamantes, por la pérdida de ingresos que le ocasionó una medida unilateral y con el débil formato jurídico del decreto cuando el Legislativo está en el periodo ordinario de sesiones.

Condenados por la CSJN, los representantes jurídicos del Gobierno nacional, se presentaron y esgrimieron como defensa y excusa, que no pueden cumplir con lo ordenado, que no pueden compensar a las provincias ante la pérdida de ingresos que ellos ocasionaron porque en el decisorio no se expresa el cuanto ni el cómo.

Saben que el monto es simple de calcular, la AFIP tiene los números; y el cómo. Si se quiere es más que simple, se transfiere el monto a las cuentas bancarias oficiales de cada provincia. Solo presentan el escrito para dilatar, hacer pasar el tiempo y posponer el cumplimiento. Es una estrategia muy conocida por los puntanos, que tenemos fallos firmes de la Corte y la Nación aún no nos paga.

¿Por qué la dilación? Porque con la inflación existente, el mero paso del tiempo hace que la deuda en términos reales se achique. Los intereses que se le aplican no alcanzan a cubrir la pérdida que trae la inflación. Es peor aún para las provincias que tienen deudas en dólares, pues cuando cobran lo que indebidamente se les retuvo (pesos) pueden cancelar un porcentaje menor de lo que adeudan (dólares).

Las provincias solicitan a la Corte que intime al gobierno de Macri a que pague y que si no lo hace, se le aplique a los responsables la ley penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.