El Gobierno provincial intenta aliviar el bolsillo de los puntanos a la hora de pagar el gas. Desde febrero de 2016 a enero de 2019, el índice que mide “Combustibles para la vivienda” subió más de 500%; en CABA el gas aumentó 1.261% a abril de 2018. La estrategia judicial funciona.

En la república, en un estado de derecho, nada puede estar por encima de la ley. En Argentina, ninguna norma puede ir en contra de lo establecido en la Constitución Nacional. La Fiscalía de Estado de San Luis considera que haber atado el precio de las tarifas de gas al valor del dólar estadounidense es una norma contraria a la Constitución; por ello, presenta ante la Justicia un amparo (una acción protectoria, un remedio extraordinario) para tratar de evitar un tarifazo y que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, el aumento sea racional, gradual y racional, siendo éstos los criterios de validez y legalidad del máximo órgano judicial del país.

Conforme el índice que publica la Dirección de Estadística y Censos de San Luis, en el rubro “Combustibles para la Vivienda” entre febrero de 2016 y el de enero de 2019, el aumento fue cercano al 550%. Es decir que si a principio de la presidencia Macri pagabas 50 pesos hoy debés pagar 325 pesos, siempre a consumo constante.

No es la primera vez que los organismos del Estado puntano, por instrucciones del gobernador, recurren a los tribunales, atento los datos publicados, por ejemplo, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tuvo aumentos muy superiores. Sólo entre principios de 2016 y el primer aumento del año pasado, es decir abril de 2018 (luego hubo otros) en CABA, las boletas de gas se incrementaron un 1.261%, la electricidad un 1.435% y el agua 956%.

Las estrategias judiciales están dando resultado para los que habitamos el territorio de San Luis.