El organismo estatal ya envió las actuaciones a Fiscalía de Estado. Buscaban vender un inmueble social, sin cancelar, en U$S 65.000. Funcionarios de Vivienda contactaron al vendedor, simularon tener interés en la casa y luego comprobaron la maniobra.

 Ángela Gutiérrez de Gatto, titular de la Secretaría de Vivienda.

Ángela Gutiérrez de Gatto, titular de la Secretaría de Vivienda.

La Secretaría de Vivienda solicitó la desadjudicación de una casa social ubicada en la manzana 42 del barrio Los Fresnos, en Merlo, y la correspondiente demanda civil o penal a la Fiscalía de Estado por el intento de venta de ese inmueble cuando aún no está cancelada ni escriturada. Así lo confirmó la titular de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto, quien pidió una investigación detallada sobre el asunto.

Según la funcionaria, la maniobra fue detectada luego de que hallaran el ofrecimiento de venta en la red social Facebook, dónde solicitaban U$S 65.000 por el inmueble. En la oferta, un intermediario actuaba con la autorización del adjudicatario de la casa, y allí admitía terrenos como parte de pago inicial y luego dinero en efectivo en moneda americana.

Al observar en las fotografías que se trataba de una casa social entregada por el Gobierno provincial en el 2013 (la cual en las imágenes aparecía totalmente vacía), funcionarios de la Secretaría de Vivienda decidieron contactar al intermediario y fingir interés por la compra de la casa. En el diálogo con el emisario que ofrecía la construcción, éste les admitió que la vivienda no estaba cancelada ni contaba con escritura, pero les ofreció que, al recibir los 65.000 dólares, saldarían la deuda en los siguientes seis meses y conseguirían el documento. La gente de Vivienda grabó la charla y luego acordaron viajar a Merlo para ver la casa.

Ya en la villa turística, el personal de Vivienda fue con el intermediario a ver la casa —los recibió con la llave de la vivienda— y constataron que estaba deshabitada. En ese instante se identificaron como personal del organismo estatal, mostraron sus credenciales y designaciones, explicaron que esa transacción no se podía hacer, labraron las actas y sellaron sus actuaciones. También lo intimaron a que se abstuviera de continuar ofreciendo el inmueble y a que quitara las publicaciones tendientes a su venta. En la vivienda fue colocada una faja que indica que ahora está bajo la custodia del Estado. Vecinos que residen en la misma cuadra oficiaron de testigos.

Cabe recordar que la nueva Ley Integral de Viviendas, sancionada en 2017, en su artículo 8 dispone que “toda persona humana o jurídica que intervenga, facilite, propicie o realice una venta, transferencia, cesión, alquiler, permuta o préstamo, de una vivienda adjudicada, será pasible de sanciones administrativas, así como de las acciones civiles y/o penales que pudieren corresponder, estableciendo asimismo que las operaciones descriptas carecerán de validez y serán inoponibles al Estado”.

Por ese motivo, el adjudicatario de la casa del barrio Los Fresnos se expone no sólo a la desadjudicación del inmueble y a los procesos judiciales civiles o penales cuando Fiscalía de Estado haga las presentaciones pertinentes ante la Justicia, sino que no podrá volver a inscribirse en otros planes habitacionales del Gobierno provincial.

“En este caso se aplica plenamente la Ley Integral de Viviendas. Las casas construidas y entregadas por el Estado no pueden cederse, venderse o transferirse. Así lo indica esa norma. En caso de que eso ocurra se deberán aplicar todas las sanciones administrativas correspondientes más las acciones civiles y penales que establecen las leyes porque esa venta es inoponible al Estado, quiere decir que no tiene validez”, explicó la secretaria de Vivienda, Ángela Gutiérrez de Gatto.

“Desde el punto de vista administrativo, nosotros corroboramos que la casa no está habitada y que tiene deuda vencida. Por eso allí mismo se dejó la cédula correspondiente como indica la ley, y allí mismo comenzó el proceso de desajudicación de la casa”, añadió la funcionaria.

“En cuanto a la faz jurídica, todas las actuaciones han sido remitidas al fiscal de Estado. No sólo la documentación, sino también las grabaciones telefónicas. También las fotos de la vivienda deshabitada y las actas labradas para que él inste las acciones correspondientes ante la tentativa del delito que implica una venta de un inmueble otorgado por el Estado. El adjudicatario no sólo se expone a la pérdida de la casa, sino que no podrá, nunca más, anotarse en otro plan de viviendas provincial. Al margen de lo que pase con la demanda penal y civil”, destacó Gutiérrez de Gatto.

Finalmente remarcó que “las acciones legales también se extienden a quienes faciliten las ventas, es decir a un intermediario o a los intermediarios que participen”.

Nota, foto y video: ANSL.