El fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende, hizo una reseña en cuanto al decreto 699, declarado en el año 2010 por el estado nacional. El mismo, disponía la prórroga de los beneficios de promoción por dos años, y la posibilidad de la extensión de quince años por nuevos proyectos.

Eduardo Allende, manifestó que raíz de este decreto, la Cámara de Industria y Comercio de San Rafael inició un amparo, pidiendo a la justicia que se declarara la inconstitucionalidad. El juzgado federal de San Rafael hizo lugar a este pedido, y de esa manera quedó frenada la implementación del decreto, ya que el mismo disponía que las provincias debían adherir por ley.

“Debido a ese fallo en primera instancia, que declaraba la inconstitucionalidad, el estado nacional apeló el mismo, y decidió que se resolviera en la Cámara Federal de Mendoza. Ésta a su vez, revocó ese fallo, afirmando que el decreto era totalmente válido”, sostuvo Allende.

Ante esa situación la Cámara de Industria de San Rafael le pidió a la Corte Suprema que resolviera un recurso de apelación extraordinario contra la sentencia dictada en Mendoza. El día martes la Corte rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza, con lo cual ha convalidado el fallo, y sostiene que no hay inconstitucionalidad contra este decreto.

El fiscal de Estado, destacó la importancia del fallo: “Queda cerrada la vía judicial porque es una sentencia de la Corte, y de esta manera queda abierto el camino del decreto 699. Esto significa que continúan los beneficios por dos años, y además existe la posibilidad de que las empresas que ya están instaladas desarrollen nuevos proyectos por un plazo de quince años”.

Más allá de todo esto, el decreto 699 es un decreto marco, que necesita más reglamentación y detalles. “Está previsto que esto se haga a partir de los convenios de implementación”, finalizó Allende.