La encabezó el gobernador Claudio Poggi y participaron los responsables de las finanzas de todos los ministerios, secretarías y entes provinciales. Analizaron cómo mejorar la recaudación ante la fuerte caída en la transferencia de fondos que decidió la Nación.
Así graficó el jefe comunal al panorama con el que se encontró al hacerse cargo de la segunda ciudad de la provincia de San Luis.
El rector de la Universidad de La Punta, durante una conferencia de prensa se refirió al estado financiero, administrativo y académico en el que encontró la casa de estudios al entrar en gestión. Como primer problema al ingresar en funciones, puntualizó que “se han distorsionado los objetivos de la ULP”. Luego definió como “un gran desorden administrativo”, órdenes de pago pendientes por $29 millones y un déficit de $8 millones. Afirmó que el Plan de Inclusión Educativa “no es un plan de becas y subsidios ni una beca para docentes. No se va a discontinuar, lo que vamos a hacer es mejorarlo, fortificarlo, agilizarlo, permitir que cumpla con la ley que lo creó. Este plan sólo va a terminar para los que creyeron que era una forma encubierta de subsidio”.
La situación financiera de las provincias da claros signos de ahogo: el freno en la actividad económica resiente los ingresos de las administraciones que a su vez no consiguen pagar sus obligaciones en tiempo y forma, según evidencian reportes privados. Y hay casos llamativos, como Santa Cruz, que pese a que es la provincia que detrás de Buenos Aires recibe más fondos de la Nación, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), es al mismo tiempo, la que más demora en pagarle a sus proveedores. Así lo informó en su edición de ayer el diario Perfil.
