La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, explicó que se trata de un delito de extorsión, ya que el secuestro de información se hizo con la finalidad de obtener dinero a cambio de su devolución. Hasta ahora se logró reconstruir la base de datos del sistema de expedientes hasta diciembre de 2018, mientras que el resto de los sistemas e infraestructura están operativos. Se sigue tratando de desencriptar los 350 GB que restan con todo el 2019, con la asistencia de empresas y especialistas en este tipo de ataques. Desde este lunes se estableció un sistema de contingencia para poner en operación los procesos de Gobierno, comenzando por los críticos.