La decisión la tomó el Gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte, mediante resolución y debido a la manifiesta irregularidad e inobservancia de los requisitos legales. Las asambleas, tanto ordinaria como extraordinaria, se realizaron el 16 de julio pasado en las instalaciones de la entidad y fueron solicitadas por su presidente, Carlos Ahumada. Además del no cumplimiento de la orden del día, en la oportunidad se registraron incidentes y hechos de violencia.