Los empleados públicos y beneficiarios del Plan de Inclusión que violen el aislamiento obligatorio, serán apartados de su lugar de trabajo

Con 303 registrados este sábado, la cifra de presuntos infractores al Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 260, llegó a 1.585 en todo el territorio sanluiseño, entre los cuales se encuentra una pequeña cantidad de empleados del Gobierno de la provincia y beneficiarios del Plan Solidario.

Así lo confirmó el gobernador Alberto Rodríguez Saá al brindar, este sábado por la noche, el parte del Comité de Crisis de la provincia, correspondiente a la novena jornada de cuarentena ante la pandemia del coronavirus.

“No son muchos, es un porcentaje muy chiquito, pero los hay y por ello debo hacerles una advertencia. Los agentes de la administración pública son servidores de la comunidad, por lo tanto deben dar el ejemplo, como un muy buen padre de familia. Deben saber que incumplir con esta medida obligatoria representa un antecedente penal, una mancha que queda para siempre, por lo que a aquellos trabajadores del Estado que sean sorprendidos con esta actitud, se les iniciarán los sumarios correspondientes, mientras que en caso de comprobarse que han violado el aislamiento preventivo y obligatorio serán separados de la administración pública”.
El primer mandatario también dio cuenta de que en el listado de infractores “figuran beneficiarios del Plan de Inclusión. También de corroborarse esa actitud, los vamos a asistir con lo necesario, como en alimentos, pero no volverán al Plan; no nos vamos a olvidar de su situación, pero no queremos gente así”.