“Se debe pensar más en los sectores humildes que en las empresas petroleras y proveedoras”

Así resumió el fiscal de Estado, Eduardo Allende, la postura de la Provincia de San Luis en la audiencia pública sobre el polémico aumento tarifario, reclamando por transparencia y razonabilidad.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende defendió la posición de San Luis en la audiencia pública por el tarifazo.

El encuentro, que se lleva a cabo por orden de la Corte Suprema de Justicia y que convoca a los principales referentes sobre administración energética de todo el país, se realiza en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo comenzado este viernes y previéndose culminar el domingo.

Allende rememoró que “en abril pasado, cuando tuvimos el primer intento de tarifazo por parte del Gobierno nacional, el gobernador Alberto Rodríguez Saá recibió gran cantidad de reclamos, sobretodo de los sectores más humildes, como también de las pymes, que generan gran cantidad de empleo, y del comercio. Frente a ello nos instruyó a realizar acciones judiciales, por lo que iniciamos el correspondiente juicio en el Juzgado Federal de San Luis, donde planteamos que éramos conscientes del atraso tarifario del gas, pero esto, que es consecuencia de una política nacional de los últimos 12 años, debe tratarse de manera comprensible, racional y justa. Para ello tuvimos en cuenta lo que dice la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando define al gas natural como un servicio público y un derecho humano para su uso y goce; por ello, el precio que todos pagamos debe permitirnos el desarrollo del resto de las actividades humanas y no condicionar la vida de la gente sólo a pagar el gas”.

“Logramos una medida cautelar, que creo que fue un ejemplo a nivel nacional, en la cual el Juzgado Federal impuso un máximo del 70%, tomando en cuenta la inflación de este año, del orden del 35%, más un porcentaje similar por aumento neto. Sostenemos y proponemos que se adopte este criterio, que lleva razonabilidad, para el aumento servicio y que se lo considere para los años venideros”.

El fiscal puntano resaltó un tema fundamental para el tratamiento del conflicto: “Es necesario transparentar el valor del gas en boca de pozo. Se ha hablado mucho en el marco de esta audiencia, pero la verdad no deja de sorprenderme que tanto el Gobierno nacional como las petroleras productoras no se han referido a esto. El Gobierno debió realizar una auditoría para lograr transparencia, en la que participaran los consumidores y usuarios aquí representados, las pymes, las cámaras de comercio y otros organismos, para saber cuál es realmente el valor del gas en boca de pozo; sino es como estar hablando de cuál será el precio del pan en la panadería si no conocemos el valor de la harina. Es un absurdo y no se puede avanzar”.

También hizo mención a las consecuencias de la tarifa dolarizada: “La Argentina abandonó casi su moneda en la década de los 90 con la Ley de Convertibilidad; esto generó un arrastre y trajeron estos problemas, pero a poco de celebrar el Bicentenario renunciamos nuevamente a la independencia dolarizando nuestra economía; no estamos de acuerdo y tampoco lo vamos a permitir”.

Allende recalcó que “debe contemplarse este nuevo cuadro para todos los usuarios. Desde Nación se dijo que la Corte sólo se refirió a los usuarios residenciales; esto es cierto, pero es algo técnico. Lo que la Corte dijo es que los únicos que estaban representados procesalmente en ese juicio eran los usuarios residenciales, pero de ningún modo avaló este aumento indiscriminado y absurdo al 2000% para el comercio y la industria. Queremos que esto se trate para todos los sectores y con mayor razonabilidad. También queremos que se trate la distorsión que existe entre Capital e interior, ya que estamos pagando tarifas superiores en un 400% ó 500% con respecto a lo que se paga en Capital Federal”.

A modo de conclusión, Eduardo Allende destacó el aspecto social y primario que acarrea el tarifazo: “Debemos, en este marco de alta desocupación y recesión, cambiar los paradigmas en que se trabaja para la nueva fijación tarifaria; se debe dejar de pensar en las empresas petroleras y proveedoras y pensar más en los humildes, en los comercios y en las pymes, como también pensar en una tarifa del gas desde la periferia al centro, es decir desde las provincias más alejadas a la Capital Federal”.