El amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, y tiene como argumentos básicos los términos previstos al artículo 43 de la Constitución Nacional. Argumentaron como “inconstitucional e inaplicable» el aumento en la tarifa del gas. La demanda pretende proteger de las subas de tarifas a todo el universo de clientes y usuarios o beneficiarios, e instituciones públicas provinciales y a los consumidores más vulnerables.