Allá por el 2003, Alberto Rodríguez Saá repetía en cada rincón de la provincia, “la justicia social tiene un nombre: trabajo, trabajo, trabajo”. Aquella idea, se hizo casi una slogan y luego una acción concreta mediante el Plan de Inclusión Trabajo por San Luis. Con las cifras más dolorosas de pobreza, indigencia y desocupación, aquel plan logró ocupación plena, pulverizó la indigencia y disminuyó sustancialmente los indicadores de pobreza.

La justicia social es el centro de su palabra y pensamiento. Quizá en estos tiempos donde el centro ha desaparecido debido a las nuevas tecnologías, sea más apropiado decir que la justicia social es lo que viraliza su pensamiento, aquellos a lo que tiende de manera constante, la tendencia de su pensamiento.

Después de firmar el llamado a licitación y colocar -de manera simbólica con todos los sectores de la sociedad- la piedra fundamental del nuevo hospital central,  el gobernador dijo: “Hay que poner la salud en el centro de la justicia social”.

Es que trabajo y salud están más que íntimamente relacionados. En esta sociedad donde imperan los principios capitalistas, los trabajadores, los humildes, la inmensa mayoría del pueblo, viven de su trabajo y con el sudor de su frente es que se ganan el pan de cada día. Su capital, su único capital, está en su fuerza de trabajo. Esta propiedad del trabajador se pierde o se ve severamente afectada si su salud flaquea. Sin salud el trabajador pierde todo. Pasa a ser un marginal, pues ni tan siquiera puede esperar a conseguir trabajo.

Si la justicia social lleva el nombre de trabajo, la salud necesariamente debe estar en el centro, pues es ella la que posibilita el trabajo.

Por ello, los puntanos no solo tenemos el derecho de hacer esta obra, que implica la inversión del 25,55% del presupuesto provincial aprobado para 2018 ($6.803.178.922 -Monto del Hospital Central- X 100) / $26.623.384.771 -Monto del presupuesto 2018- = 25,55%), sino que es nuestra obligación.