Allí se trató la distribución de fondos para las provincias, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.060. San Luis manifestó la necesidad de una barrera sanitaria para el control de la plaga del picudo algodonero, solicitud que no fue considerada por el Gobierno nacional. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción estuvo presente en una nueva reunión de la Mesa Nacional Algodonera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se trató la distribución de fondos para las provincias.

“San Luis es una de las pocas provincias libre del ‘picudo algodonero’, la plaga más dañina para este cultivo. Si bien tenemos esta ventaja, SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) no cuenta con una barrera sanitaria para su control en la provincia. Necesitamos esta herramienta para evitar el ingreso de este insecto a la provincia”, indicó la jefa del Área Sanidad y Tecnificación Agrícola, María Rodríguez, quien señaló que la solicitud no fue considerada por la Nación.

La funcionaria explicó: “Si bien esta ley tiene como objetivo el fomento de la producción del algodón, la distribución se da en base a cantidad de hectáreas y productores de cada provincia, sin importar el grado de producción”. Y añadió: “El resto de las provincias tiene productores más chicos, en cambio San Luis cuenta con 4.000 hectáreas, en Quines y Candelaria, por lo que la distribución resulta desventajosa para nosotros”.

Frente a este panorama, San Luis trabajará en la puesta en marcha de una barrera sanitaria documental, para controlar aquellos vehículos que provengan de zonas rojas, donde predomina el picudo algodonero. “Será de vital importancia, ya que se trata de un cultivo en pleno crecimiento y, además, porque generará mano de obra para la zona”.

 

Distribución de fondos 

Según la fórmula implementada para la distribución de fondos, Nación tendría a disposición para San Luis un total de $1.400.000, monto que debe ser utilizado según lo indicado por el Gobierno nacional. “Esta decisión no considera la necesidad puntual del productor, si no que se presenta como una política más general”, insistió Rodríguez.

Y detalló: “Del total tendríamos que usar el 30% en sanidad (control del picudo algodonero), 20% en semillas (entrega o mejora genética), 10% en destrucción de rastrojos y labores, 10% en calidad y trazabilidad, y un 30% libre (dividido en cualquiera de estas opciones)”.

Finalmente, consideró: “Esta división se transforma en un condicionamiento para invertir en acciones puntuales y prioritarias para el crecimiento de los productores de San Luis”.

 

Nota: Prensa Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción.

Foto: Archivo El Diario de la República.