AUTONOMÍA PROVINCIAL
viernes, 17 noviembre de 2017 | 12:57

Los gobernadores cedieron derechos al renunciar al cobro de las deudas de Nación

La ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur, sostuvo que el Gobierno nacional insiste en avanzar sobre las autonomías provinciales. El fiscal de Estado, Eduardo Allende, reclamó un diálogo “más sincero y fructífero”.

El vicegobernador, Carlos Ponce; la ministra de Hacienda Pública, Natalia Zabala Chacur; y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, explicaron en conferencia de prensa tras su arribo de Buenos Aires los motivos por los cuales la provincia no firmó el acuerdo establecido entre las provincias y Nación.

Chacur consideró “una barbaridad lo que hicieron los gobernadores, porque han cedido derechos de juicios, renunciando al cobro de una deuda de cinco años por un bono a diez años, que no les representa ni el dos por ciento del stock de deuda que cedieron, toda una movida a favor de la provincia de Buenos Aires”.

“Ayer por la tarde nos reunimos con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde el vicegobernador le planteó la agenda sobre la que San Luis quiere dialogar; tenemos toda la voluntad de diálogo, pero éste debe ser sincero y fructífero”, exigió Allende.

Este acuerdo proponía para las provincias con juicios con sentencia, como el caso de San Luis, la promesa de que recién en marzo se determinaría la forma de pago, “es decir que no había propuestas concretas, y nos obligaban a desistir de los otros doce juicios iniciados hace diez años por diferencia en la coparticipación federal, varios de los cuales están listos para sentencia, sin absolutamente nada a cambio”.

De todos modos, el fiscal explicó que aceptaron el plazo de diez días que pidió Frigerio para analizar la agenda propuesta por San Luis.

El vicegobernador Ponce lamentó que se exigiera llegar a un acuerdo en tan corto plazo y que no aceptara un cuarto intermedio propuesto por San Luis. “Si firmábamos en las condiciones que nos imponían, sólo recuperábamos el cinco por ciento de la deuda reclamada judicialmente por $42 mil millones; nos sentimos muy presionados y discriminados”, insistió.