San Luis es la primera provincia que participará en la audiencia pública con el organismo proveedor de gas

Durante la mañana la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, se inscribió para participar el 16 de septiembre en la audiencia pública con ENARGAS, el organismo proveedor del servicio que busca aumentar las tarifas. En esta reunión la Provincia defenderá los derechos de los puntanos, convirtiéndose así en el primer distrito del país que participará en una audiencia de estas características.

El Fiscal de Estado Eduardo Allende, participará de la audiencia.

“Nosotros, básicamente, planteamos que somos conscientes de que hay un atraso tarifario en la tarifa de gas, pero sostenemos que la actualización de esa tarifa debe ser hecha en un marco de racionalidad que de ningún modo impida el acceso a este servicio público por parte de los usuarios tal como lo garantiza el artículo 42 de la Constitución Nacional. En este ámbito estamos transcribiendo la medida cautelar del Juzgado de San Luis que estableció un 70% como porcentaje máximo y nosotros interpretamos que este 70% es un 35% de ajuste por la inflación de este año y otro 35% aumento anual de la tarifa. Lo que vamos a proponer es que se siga esta medida que nos parece razonable y que los aumentos de la tarifa se vayan haciendo año a año incrementando lo que se proyecta a la inflación y a una actualización de tarifas”, señaló el fiscal de Estado Eduardo Allende al referirse a la audiencia en la que participará San Luis.

A continuación, el texto de la inscripción realizada por la Provincia para la citada audiencia:

El Gobierno de la provincia de San Luis, a través del Programa Defensa del Consumidor, en representación de los usuarios residenciales y de la Fiscalía de Estado por el Estado provincial en su carácter de consumidor de gas en defensa de la actividad económica, comercial e industrial de San Luis, inició el 30 de mayo de 2016 una acción declarativa de certeza ante el Juzgado Federal de San Luis.

El objeto de la acción es la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones Nº 28/2016 Nº 31/2016, 99/16 y concordantes dictadas, por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la resolución Nº: I -3730/16 dictada por el ENARGAS que dispusieron los aumentos del 2.000%, 500% y 400%para este servicio.

Al iniciar esta demanda, sostuvimos que éramos tan conscientes del atraso tarifario de este servicio público originado por una decisión política del Estado nacional durante los últimos doce años, como que el sinceramiento de las tarifas debía hacerse con la debida razonabilidad, a efectos de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, conforme a lo que dispone el art. 42 de nuestra Constitución Nacional.

El Juzgado Federal, con fecha 1º de junio de 2016, dictó una medida cautelar disponiendo “…la suspensión de la aplicación de lo dispuesto en las resoluciones Nº 28/2016 Nº 31/2016, dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y de la resolución Nº Nº: I -3730/16, dictada por el ENARGAS , en la provincia de San Luis; importando esta medida que deberá suspenderse el cobro de las facturas de gas emitidas a resultas del nuevo cuadro tarifario fijado a tenor de las resoluciones impugnadas; y no efectuar cortes en el suministro del servicio por falta de pago de dichas facturas; debiendo procederse a la refacturación de las boletas ya emitidas con los aumentos dispuestos en las resoluciones que se suspenden; todo sin perjuicio de autorizar a la Autoridad de Aplicación para que implemente aumentos en las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de la resolución ENARGAS I-3730; hasta un tope que se fija en 70% del monto que se está pagando por factura; todo inter recaiga sentencia firme en el presente proceso.

En definitiva, la Justicia de San Luis determinó el grado de racionalidad, autorizando un aumento que no superara el 70%. Ese porcentaje equivale a un 35% por ajuste de inflación prevista para este año, con más otro 35% de actualización real del servicio.

Sostenemos y hacemos nuestra la interpretación de razonabilidad que ha efectuado la Justicia Federal, proponiendo que el aumento para todo el universo de usuarios de gas (residenciales, sector público, comercial e industrial) no supere el 70% para el año en curso y, para los próximos años, se prevean incrementos que no superen la inflación prevista para el período.