El Gobierno y 61 intendentes exigen a la Nación cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia

Fue este lunes a través de un documento firmado en la Casa de Gobierno, donde reclamaron el reintegro de los fondos retenidos inconstitucionalmente por el Gobierno nacional, al mismo tiempo que solicitaron que se deje de discriminar a la Provincia de San Luis. “Estamos litigando ante el máximo tribunal del Estado nacional; seguiremos adelante para que nos reconozcan los $32.300 millones que nos debe la Nación”, anunció el fiscal de Estado, Eduardo Allende.

61 intendentes firmaron el documento que exige el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de San Luis.

En la tarde de este lunes, el vicegobernador de la Provincia, Carlos Ponce; los ministros de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte, Eduardo Mones Ruiz, de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, y el fiscal de Estado, Eduardo Allende, se reunieron con 61 intendentes e intendentes comisionados de la Provincia con el propósito de debatir acerca del reclamo que San Luis sostiene ante la Nación por la deuda histórica que ésta mantiene con la Provincia y firmar un documento exigiendo el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Suprema.

En ese sentido, y a modo de introducción, el ministro Mones Ruiz señaló que “los recursos para cumplir los sueños de todos los pueblos de San Luis los tenemos y se llaman ‘fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’. Son miles de millones de pesos que nos retuvieron mal de la coparticipación, algunos desde el año 2001”.

Y agregó: “Han pasado casi nueve meses desde el fallo de la Corte donde no se ha mostrado, por parte del Gobierno Nacional, una voluntad de pago”. Por eso, Mones Ruiz recordó cuando en 2002 intendentes de la Provincia, junto con la entonces gobernadora Alicia Lemme, dieron “una batalla muy importante en Buenos Aires sobre los 500 millones de dólares que se le retuvieron a San Luis por el ‘corralito’; pese a que la Corte dijo que nos debían pagar, todavía no han sido abonados en su totalidad”. Esto, con el objetivo de invitar a todos a trabajar unidos, dejando de lado las banderas políticas para resolver las necesidades del pueblo.

Antes de finalizar, el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Culto y Transporte, convocó a los intendentes “a firmar un documento donde le exijamos a la Nación que cumpla con un fallo de la justicia; es un tema propio del sistema republicano, donde el Ejecutivo debe cumplir los fallos de la Justicia. En 2002 el país estaba quebrado y podíamos entender esa situación, pero hoy la situación no es la misma: luego del fallo de la Corte, el Gobierno nacional le pagó 15 mil millones de dólares a los fondos buitre, pagó más de $50 mil millones por la operatoria del dólar futuro, aumentó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en un 168%”, entre otras acciones enumeradas en la ocasión. “Desde la Provincia nos comprometemos a bregar y a trabajar incansablemente para recuperar los montos que nos fueron confiscados por la Nación inconstitucionalmente”, concluyó.

El ministro Mones Ruiz convocó a los intendentes a suscribir el documento.

Seguidamente, fue Eduardo Allende quien se dirigió a los representantes de los distintos pueblos de la Provincia para explicar el origen de la deuda que se reclama, cuáles fueron los pasos a seguir por parte del Estado provincial en ese sentido y de qué se trata la coparticipación federal. “Hay gente que quiere mostrar a la coparticipación como una dádiva del Gobierno nacional y esto no es así; la Ley Federal de Impuestos establece que el 50% de la recaudación es para el Estado nacional y el resto se distribuye entre las Provincias de acuerdo a los porcentajes que le corresponde a cada una”, explicó.

Allende señaló que actualmente la Provincia mantiene 14 juicios contra la Nación, ámbito en el que se discute la violación de las garantías que desvirtuó el sistema de coparticipación, dejando de lado la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

“Durante los años 2008 y 2010 iniciamos los juicios donde reclamamos una correcta integración de lo que le corresponde a San Luis. En dos juicios ya tuvimos sentencia favorable, el 24 noviembre de 2015, donde la Corte nos dio la razón. La liquidación de estos dos juicios, a nuestro criterio, era de $11.500 millones; el gobernador decidió dialogar con la Nación para llegar a un acuerdo en la forma de pago, por eso hablamos con el procurador del Tesoro de la Nación en reiteradas oportunidades sin ningún resultado, lo mismo con el Ministerio del Interior, quienes nos derivaron al Ministerio de Hacienda, donde ni siquiera nos atendieron el teléfono”, señaló el fiscal de Estado.

Dicho eso, Allende detalló las últimas actuaciones judiciales de la Provincia en torno a estos reclamos, donde se presentó un escrito en el que se señala que la Nación reconoce deber a San Luis $9.500 millones. En dicha actuación, Fiscalía de Estado propuso que se “apruebe parcialmente la liquidación sobre ese monto” para luego discutir la diferencia y comience a correr el plazo de 120 días establecido por la Corte para que Provincia y Nación se pongan de acuerdo en la forma de pago; esto aún no ha sido resuelto por el Tribunal.

“El total de la deuda reclamada judicialmente al día de hoy es de $32.300 millones. Esto es lo que decimos que el Estado nacional le debe a San Luis por distintos juicios de coparticipación”, aseguró el fiscal de Estado antes de concluir su exposición.

Una vez que Mones Ruiz y Allende explicaron la situación judicial en que se encuentra San Luis para con el Gobierno nacional, los intendentes debatieron y votaron a mano alzada la firma del documento donde se exige el cumplimiento de los fallos pronunciados por el máximo tribunal de justicia de la República Argentina a favor de San Luis.

Los intendentes de Villa Mercedes, Mario Merlo; de Santa Rosa del Conlara, Miguel Postiguillo; de Potrero de los Funes, Daniel Orlando; y de Renca, José Villegas; fueron quienes tomaron la palabra y expresaron su conformidad para firmar el documento.

“Estoy totalmente de acuerdo en hacer el reclamo; ya lo hemos hecho en otras oportunidades y se logró un acuerdo”, expresó Merlo.

“El abuso de la Nación sobre las provincias no tiene ocho o diez meses, es histórico. El fallo de los juicios de San Luis, Santa Fe y Córdoba nos da la razón porque no podía ser de otra manera, el manotazo de la Nación es insostenible. Por supuesto que he venido a firmar porque soy federal”, señaló Postiguillo.

Daniel Orlando fue más allá y redobló la apuesta: “Propongo que la palabra ‘discriminación’ esté en mayúsculas y que más allá del documento, si es necesario, hagamos un reclamo más firme en Buenos Aires a través de una movilización, porque ese dinero significa obras para nuestros pueblos. En Potrero de los Funes necesitamos más cloacas, más asfalto; necesitamos generar fuentes de trabajo, porque gobernar es generar fuentes de trabajo”.

El encuentro se desarrolló este lunes en Terrazas del Portezuelo.

Antes de proceder a la firma del documento, el vicegobernador Carlos Ponce se dirigió a los intendentes diciendo: “Es una tarde muy importante para la provincia de San Luis. Es violento no tener respuesta; que no nos paguen y no nos respondan como corresponde. Esta gestión va a dar muchos resultados a la provincia de San Luis, apelo a que la Nación entienda que esta es la mejor forma de resolver los problemas y deje de discriminar a San Luis”. Por eso, instó a los mandatarios a que sigan trabajando unidos para que lleguen soluciones a cada uno de los vecinos de San Luis.

El documento

Salvo el intendente de la ciudad de San Luis, todas las municipalidades rubricaron el documento donde ratificaron el compromiso de trabajar por el bienestar de la Provincia “Asumimos el deber ineludible de implementar todas las acciones que sean necesarias para lograr el efectivo reintegro de los fondos retenidos inconstitucionalmente por el Gobierno Nacional y solicitamos se deje de discriminar a la Provincia”.

“Fundamentamos nuestra posición en una evidente actitud de destrato que sufre hoy nuestra Provincia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha condenado al Estado Nacional al pago por un monto total que asciende al mes de Agosto del corriente, a la suma de $ 13.336.000.000”, reza el documento rubricado en el buffet de Terrazas del Portezuelo.

A ocho meses desde la sentencia de la Corte Suprema, el Gobierno Nacional no ha manifestado intención ni voluntad de pago. “Que en la crisis económica que se ve inmerso nuestro país, el no reintegro de los fondos, significa un castigo a nuestra Provincia, que realiza un denodado esfuerzo para tener una exitosa administración, sin déficit fiscal en contraposición con otras Provincias Argentinas que se ven beneficiadas por el Gobierno de la Nación, quebrantando el fortalecimiento del Federalismo como lo dicta la Constitución Nacional”, expresa el reclamo.

Asimismo hace referencia a que la no remisión de los fondos perjudica sensiblemente a los sanluiseños, “ante la imposibilidad de concretar obras fundamentales para mejorar la calidad de vida, condiciones de desarrollo y un San Luis pujante para nuestros Ciudadanos”.

Se le exige al Gobierno Nacional una respuesta concreta y que informe el cronograma de reintegro de los fondos.

El Ministro Mones Ruiz enumeró diferentes acciones que demuestran la discriminación que sufre la provincia, como que San Luis ha quedado expuesta con la exclusión en el Plan Nacional del Agua; en el no pago de la totalidad de los subsidios de Transporte de la Nación que acumula millones de pesos; en la deuda millonaria por el alojamiento de los presos federales; el hecho de que la Nación no ha realizado obras públicas en el territorio Provincial y se desconoce si en el Presupuesto Nacional 2017, hay obras nacionales para la Provincia; y la deuda por la construcción de viviendas.