El objetivo de esta política de seguridad tiende a actuar sobre los delitos considerados más leves e impedir que lleven a otros de mayor gravedad delictual.

Poggi durante la  firma del decreto

Poggi durante la firma del decreto

Se trata de tres juzgados de Instrucción Correccional y Contravencional, cuya competencia material está destinada a los delitos de hasta cuatro años como máximo de prisión, o contravenciones y faltas previstas en el código contravencional de la provincia, siempre y cuando éstas no sean de competencia municipal.

El jefe del Programa Gobierno y Asuntos Registrales, dependiente del Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad, Federico Lucero Gagliardi, se refirió a este tema y explicó: “La creación de estos nuevos juzgados impiden la progresión en la gravedad de los delitos y ataca a los mismos desde su comienzo”.

Además, señaló: “La Policía de San Luis es la encargada de la tarea preventiva en todos los rincones de la provincia y, luego, los jueces a través de estos juzgados serán los que realicen la tarea de investigación, cuando ya han ocurrido los hechos delictivos, dictando la sanción correspondiente en cada caso”.

También, dicha ley prevé: “que a los actuales juzgados de sentencia se les agrega la competencia en cuanto a la ejecución de la pena que hace a todas las medidas de cumplimiento efectivo de las mismas, conforme lo haya dispuesto la respectiva sentencia”, manifestó Lucero Gagliardi.

En palabras del ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad, Martín Olivero: “Esta ley posibilitará que los jueces intervengan en las causas que son contravenciones y un mejor funcionamiento de la justicia asociada directamente a la seguridad. Las contravenciones son delitos leves que alteran el orden público y pueden transformarse en graves que al no tener una respuesta inmediata del sistema judicial y los jueces, pueden traer aparejado mayores problemas al conjunto de la sociedad”.